¿Será simplemente aprender a vivir con los retos cotidianos que el entorno nos impone? ¿O será, más bien, tener que recordar constantemente que también somos parte de las decisiones que determinan nuestro presente y nuestro futuro?
Si la inclusión se construye con la participación activa de todos, ¿cómo entender que se intente dar validez a normas creadas sin escuchar a quienes directamente seremos impactados por ellas? ¿Acaso no es la consulta el espacio mínimo en el que se reconoce nuestra humanidad y nuestra dignidad?
Preguntémonos con honestidad:
– ¿Qué sentido tiene hablar de derechos si se aplican a conveniencia?
– ¿Qué valor tienen los compromisos internacionales si, en la práctica, se vuelven negociables?
– ¿No es acaso un contrasentido hablar de justicia sin diálogo previo con quienes serán destinatarios de esa justicia?
La consulta previa, accesible e informada no es un gesto amable ni una concesión de buena voluntad: es un derecho ganado con esfuerzo y reconocido por la comunidad internacional. Es el mecanismo que garantiza que las políticas públicas no se diseñen en escritorios alejados de la realidad, sino con la voz de quienes vivimos en carne propia las barreras y los desafíos de la discapacidad.
Pero cuando se relativiza, cuando se deja de exigir como condición indispensable, surge un riesgo mayor: que las personas con discapacidad volvamos a quedar al margen, invisibles en decisiones que dirigen nuestra vida diaria. ¿Y qué nos dice eso de la sociedad que estamos construyendo?
Vivir con discapacidad, en este contexto, es vivir en medio de la paradoja: tener derechos reconocidos en el papel, pero tener que defenderlos continuamente en la práctica; escuchar discursos de inclusión, pero advertir silencios en los procesos donde más debería resonar nuestra voz.
Y entonces, otra pregunta aparece: ¿queremos un país que retroceda en su compromiso con la inclusión, o uno que entienda que la consulta no es un obstáculo, sino una oportunidad de hacer las cosas bien?
Porque, al final, cada retroceso en la consulta es un retroceso en la democracia misma. Una democracia que excluye a algunos, ¿puede llamarse auténtica? Una sociedad que no escucha a quienes viven la discapacidad, ¿puede presumir de justa y plural?
La respuesta no es lejana ni abstracta: está en cada persona que alza la voz, en cada espacio donde se cuestiona la indiferencia y en cada decisión que recordamos que no puede tomarse sin nosotros.
Vivir con discapacidad es, también, sembrar preguntas en el corazón de la sociedad: ¿qué tan dispuesta está a escucharnos?, ¿qué tan comprometida está a incluirnos?, ¿qué tan sincera es en su idea de igualdad? Y como toda semilla, esas preguntas germinarán, tarde o temprano, en frutos de justicia, siempre que no dejemos de regarlas con nuestra voz.
